Nuestro lugar para defender la comunicación como derecho humano:

Por Mariano Carril*

La elección de Mauricio Macri como presidente de la Nación representa un hecho inédito en la historia argentina. Por primera vez, la derecha identificada con las oligarquías terratenientes, la burguesía financiera aliada al capital transnacional y los sectores más reaccionarios de la cultura y la sociedad local llegaron al poder elegidos democráticamente. De esta manera, la fuerza política de derecha (PRO-Cambiemos) legitimadas por el voto popular, lleva adelante una política de ajuste en favor de los sectores concentrados de la economía (desindustrialización, apertura a las importaciones, etc.) que anteriormente habían sido implementadas a sangre y fuego por la dictadura cívico militar de 1976 y luego por fuerzas históricamente populares como el peronismo y el radicalismo durante la década de 1990.

Este rumbo, alineado con el consenso de Washington, busca romper con la idea de la Patria Grande Latinoamericana y restaurar el proyecto de un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ahora devenido en la denominada Alianza para el Pacífico. Ajuste y concentración necesitan de la represión: a contramano del proceso de ampliación de derechos vividos en los últimos años, la impronta del carácter represivo del macrismo se ve en un abanico de medidas como el recorte del derecho a huelga, la persecución y el encarcelamiento a referentes populares como Milagro Sala, y la violación al derecho a la libertad de expresión, como en el caso de la ley que reprime con prisión a quienes divulguen información ligada al blanqueo de capitales, tal como propone el proyecto de ley enviado por el gobierno al parlamento.

Pero en el plano de la comunicación, el carácter represivo del gobierno es, más que explícito, directamente obsceno. Una de las primeras medidas que tomó Mauricio Macri al asumir la presidencia fue intervenir los organismos de política y control de las comunicaciones. El nuevo ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ordenó, por decreto, la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic). En ambos organismos desplazó a sus directores y puso interventores. Y los primeros días de enero el Ejecutivo dio a conocer un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la ley Argentina Digital (ley TIC). La norma eliminó ambos organismos reguladores y los unió en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que depende del nuevo Ministerio.

A tal punto llega la obscenidad, que aún hasta el 31 de diciembre de 2015, ningún área de actividad económica había sufrido los embates y la pulverización del andamiaje legal, sólo el de comunicaciones. Sin lugar a dudas queda un ejemplo histórico nunca visto –salvo en gobiernos antidemocráticos o dictaduras- sobre la demolición de leyes por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en un área en la que no existen urgencias y tampoco necesidades extremas, pero sí la estrategia de acumular poder por parte de los grupos multimedios y de telecomunicaciones favorecidos por los cambios.

La reforma de las comunicaciones del nuevo gobierno se basa en tres pilares: permite a los cableoperadores (el principal de ellos es el Grupo Clarín) extenderse a todo el territorio sin ningún tipo de restricción, y quita cualquier límite a la concentración de las empresas audiovisuales. También concentra la administración y el control de los medios audiovisuales y de la infraestructura de comunicaciones en autoridades elegidas, mayoritariamente, por el presidente de la Nación, que, además, puede cambiarlos sin necesidad de justificación alguna. Como corolario, el DNU fue ratificado por el Congreso, con el apoyo de los diputados de la oposición no kirchnerista ni de izquierda.

Del cambio de paradigma al retroceso neoliberal
La legislación anulada por el Gobierno mediante decreto (la LSCA y la ley TIC) pretendía, con aciertos y errores, separar la infraestructura de los contenidos. Estos podrían fluir por las redes de cualquier operador, obligado a abrir sus redes de acceso a los competidores.

El DNU 267/15 de Macri interviene los artículos del 13 al 19 de la LSCA y, entre otras cosas, permite la transferencia de licencias, quita la barrera de concentración de mercado fijada en el 35% de abonados o de audiencia nacional, eleva la concentración de licencias por parte de una misma empresa y sube el límite permitido para las transmisiones en redes, lo que devalúa el contenido local y facilita la concentración.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en Argentina en octubre de 2009, sigue representando uno de los avances más importantes en la conquista del derecho humano a la comunicación en nuestro país. Nunca antes una Ley había sido tan comentada, debatida y puesta en discusión a lo largo y a lo ancho del país mediante la realización de foros, encuentros, seminarios, reuniones y otros espacios.

Pero eso no fue sino parte de un proceso de luchas que se inicia con la recuperación democrática en 1983. El cambio de paradigma que propuso la LSCA tuvo como sostén la movilización y la participación de las organizaciones sociales – entidades que gestionan radios comunitarias, sindicatos de trabajadores de la comunicación y la cultura, comunidades de pueblos originarios, organismos de derechos humanos, partidos políticos, etc, que fueron decisivos en construir la base fundamental de la ley. Cabe recordar que el punto de partida de la LSCA fue la constitución de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y sus “21 puntos” por una ley de radiodifusión de la democracia.

Ese proceso participativo fue plasmado en forma genuina en todo el proceso de elaboración de la ley, al punto tal que resulta casi una curiosidad legal encontrar en el texto de la LSCA una inumerable cantidad de “pie de páginas” que hacen referencia a la organización que dio origen y los fundamentos de cada propuesta o modificación. Así recorrió el texto el país y así llegó al Congreso.

En claro contraste, el actual gobierno creó una comisión que redactará la nueva ley convergente, que unificará la ley de comunicación audiovisual y la ley TIC. La misma está bajo la coordinación de Silvana Giudici, miembro del directorio de la Enacom, proveniente de la Unión Cívica Radical, férrea opositora a la LSCA y defensora de los intereses del Grupo Clarín. Integran la comisión el filósofo Santiago Kovadloff; el constitucionalista y experto en derecho a la comunicación en Internet, Andrés Gil Domínguez, abogado que defendió públicamente las posturas del Grupo Clarín contra la LSCA, el secretario de las TIC’s Héctor Huici; el director de Enacom, Alejandro Pereyra,; y el vicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar.

De esta manera, los sectores dominantes vuelven a “poner en caja” a la participación popular. Sin nombrarse como tal, asume el papel de una comisión de “notables”, que se da el lujo de convocar a representantes de consumidores, sindicatos, cámaras, periodistas y a diversos intelectuales y especialistas para escuchar sus aportes. Miércoles de por medio, la comisión va “invitando” a algunos actores, para evitar cualquier discusión masiva. Y la “participación” de los sectores de la comunicación audiovisual, se reduce a la misma ficción que la de una audiencia que “opina” vía mensaje en contestador o twits, en los programas de radio y televisión. A sabiendas, mientras tanto, que la comisión no sólo busca aportes de “especialistas” en otros países sino que directamente, los contrata, como en el caso de la consultora McKinsey, que aporta ideas para el marco regulatorio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Pensar la nueva etapa desde la propuesta educativa
La LSCA se basaba en dos pilares centrales de un paradigma de la Comunicación como Derecho Humano. La primera, la política desmonopolizadora, al limitar la cantidad de licencias que puede tener un mismo actor, lo que aporta a garantizar la pluralidad de voces al evitar la concentración de la información y el discurso en unos pocos grupos. La segunda, el carácter pluralista al reconocer a diversos tipos de actores que pueden ser sujetos de comunicación (es decir, que pueden contar con su propia licencia para explotar un servicio de comunicación audiovisual, ya sea de radio o TV): empresas privadas, personas físicas, escuelas, municipios, provincias, universidades, comunidades originarias, asociaciones civiles, vecinales, cooperativas, etc. Es decir, todo el arco organizacional en el que puede conformarse una sociedad.

El accionar del macrismo vino a revertir el proceso desarrollado más allá de una normativa lograda a partir de un consenso social y político y que se traducía en acciones concretas por parte del Estado, acciones que van más allá de la instauración de una norma jurídica como la LSCA: el progreso y la generalización de la Televisión Digital Abierta (TDA), el lanzamiento de concursos públicos para la asignación de frecuencias, el mejoramiento de los contenidos que circulan gracias a la creación de la Defensoría del Público, la dotación de recursos a la producción para el sector sin fin de lucro a través de los fondos de fomento, y las acciones de formación y capacitación.

Cabe detenerse en este último punto, que es quizás el menos visible de cómo afectan las políticas del actual gobierno a la posibilidad de ejercer la comunicación como un Derecho Humano. El accionar del macrismo eliminó, junto al AFSCA, todas las políticas públicas que ponían al Estado como garante para que diversos sectores pudieran desarrollar acciones concretas que permitieran la aplicación efectiva de la LSCA.

Hasta diciembre de 2015, AFSCA desplegó una serie de programas y proyectos que permitieron a asociaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, sociales, comunitarias, barriales, universidades, pueblos originarios y escuelas medias y terciarias contar con herramientas para producir contenidos audiovisuales pensar y planear la construcción de medios de comunicación y una nueva producción audiovisual con un modelo de gestión que apunte a objetivos educativos, de promoción social; y a tener una forma de organización y de gestión sustentable, aunque no necesariamente lucrativa.

AFSCA llevó a cabo cursos para la formación y práctica laboral de promotores para la comunicación popular, asistentes administrativos de medios comunitarios, formación en producción audiovisual y en herramientas generales de comunicación institucional en todo el país. Sólo en la ciudad de Buenos Aires se realizaron más de 100 talleres.

Junto al Ministerio de Trabajo se capacitaron más de 1.000 jóvenes de 18 a 25 años de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Santa Fe, Salta, Jujuy, La Pampa y CABA. También se desarrollaron capacitaciones en conjunto con la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), orientadas a las organizaciones de la comunicación. Asimismo, se realizaron, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Universidad de La Plata, 49 espacios de formación en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para 800 mujeres cooperativistas del programa Ellas Hacen.

El macrismo disolvió también esta posibilidad para una gran parte de los sectores populares de ejercer el derecho de aprender la comunicación audiovisual como productores de contenidos y no sólo como meros espectadores. En este nuevo contexto, se redimensiona entonces el lugar que ocupa la carrera de Comunicación para el Desarrollo Local del ISTLyR.

Efectivamente, no es un dato menor que nuestra carrera sea de las pocas terciarias públicas – sino la única- que existe en el área metropolitana de Buenos Aires. Si reflexionando sobre el lugar del instituto y la carrera, Diego Jaimes sostenía la necesidad de pensar “un desarrollo local que favorezca el encuentro, el trabajo en red, pero ya no para mejorar la vida comunitaria aislándola de la Asignación Universal por Hijo, de los itinerarios laborales que propone el Plan Progresar, o una pasantía de Entrenamiento Laboral”, el escenario actual no tiene a ese Estado como articulador.

No en esa escala. Nuestra carrera surgió en la etapa anterior y como tal, cabe la urgencia por estar alertas ante el avance del neoliberalismo con su políticas de recorte y ajuste. Pero también, cabe la responsabilidad, si no de asumir, al menos de proponer una referencia para todos aquellos actores de la comunicación comunitaria, sin fin de lucro, de organizaciones sociales, educativas, etc. que hoy no encuentran en el Estado la posibilidad de diálogo y sostén para poder desarrollar proyectos sostenibles de comunicación. Referencia desde lo educativo que nos permita, como planteaba Jaimes, “afrontar colectivamente los desafíos que propone el contexto que nos toca vivir”.